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Nueva Ley de amparo, ¿protegiendo las violaciones a los DD.HH?
Por:  / 1 abril, 2013
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Por: Estela Garrido

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Hoy a las 11 horas, Peña Nieto promulgará la Ley de Amparo recién aprobada por el Senado de la República en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional.

Dicha ley fue promovida y realizada desde 1999 por el ministro Juan N. Silva Meza, quien encabezó la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar el instrumento legal. Esta propuesta de ley permaneció en la congeladora durante los gobiernos panistas.

Silva Meza se ha caracterizado por sus participaciones poco ortodoxas. Se involucró en el caso de la periodista Lydia Cacho, quien denunció la violación de sus derechos humanos, y formó parte de los pocos jueces que querían responsabilizar a funcionarios públicos que se vieron involucrados en el caso de la Guardería ABC.

La propuesta presentada por Silva, avalada por el Senado el 20 de marzo, reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución, los cuales refieren a que los Tribunales de la Federación deberán resolver toda controversia que se suscite en un juicio ya sea por violación de derechos humanos o porque invadan la autoridad determinada en un proceso legal.

Las modificaciones a dichos artículos permitirán a los ciudadanos interponer un amparo en caso de violaciones a sus derechos, así como proceder de manera legal si la autoridad omitiera su deber y responsabilidad en el proceso.

La omisión en el cumplimiento de una obligación por parte de la autoridad podrá ser reclamada por cualquier ciudadano ante un juez federal a través de este instrumento legal.

Sin embargo, expertos advierten que esta norma no considera todos los escenarios posibles y deja huecos legales que pueden derivar en un estado de inseguridad jurídica, debido a que consideran que el artículo 129 de la Ley de Amparo podría representar un problema en sus fracciones XI -relacionada con entidades financieras- y XIII – sobre concesiones de bienes de dominio de la nación-, ya que no se podrá gozar de la suspensión en contra de las resoluciones de la autoridad.

“En un amparo sin suspensión, prácticamente no hay protección efectiva, porque permite precisamente que la violación de los derechos durante la vida del juicio se pueda hacer irreparable”, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula de los empresarios mexicanos, Gerardo Gutiérrez Candiani. “Un acto de autoridad arbitrario puede provocar la quiebra de una empresa”, agregó.

Al acto en el que Peña promulgará la ley están invitados los coordinadores de los partidos representados en las cámaras de Diputados y de Senadores.

 

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