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En México, casi un pleonasmo ser mujer, indígena y pobre
Por:  / 8 marzo, 2013
Indí’genas Mixtecos en Cochoapa El Grande
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Por: Carlos Bauer

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En Estados Unidos se usa la expresión  “arrested for walking while black” –arrestado por caminar siendo negro– para expresar la discriminación padecida por los hombres afroamericanos, a quienes se les considera “sospechosos” por el simple hecho de caminar por las calles, principalmente si se encuentran en un barrio blanco. En nuestro país la población afrodescendiente es muy reducida, pero defensores de los derechos humanos han adaptado el término de la “triple vulnerabilidad” para referirse a la situación de quienes son a la vez mujeres, pobres e indígenas.

La Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural informa que según el censo de 2010 realizado por el INEGI, en México existen cerca de 12 millones de indígenas, de los cuales la mitad son mujeres. La situación de estas mujeres es alarmante, pues “padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menores oportunidades para acceder a la salud”. La directora general de dicha asociación, Cecilia García, aporta datos que ilustran la marginación de las mujeres indígenas: 57.5 por ciento de las que trabajan percibe menos de dos salarios mínimos y 19.6 por ciento no percibe salario alguno; además, 74.4 por ciento de las mujeres que realizan labores en su casa o en el campo no perciben ningún ingreso por ello. García exhortó ante medios de comunicación a que el Gobierno Federal incluya cambios en la política pública de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Por otra parte, la maestra Xóchitl Támez Martínez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí señala que en 2007 existían 636,720 mujeres monolingües, frente a 371,083 hombres en esta situación, lo que constituye un reflejo y a la vez una causa del rezago educativo y la pérdida de oportunidades para las mujeres indígenas.  En este sentido, el documento de la ONU El derecho a una vida libre de discriminación y violencia. Mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca apunta que “El monolingüismo dificulta la relación con agentes externos a la comunidad, tanto para asuntos administrativos como para la resolución de conflictos legales, toma de decisiones en los servicios de salud, así como la dificultad de aprendizaje en el sistema escolarizado”.

El monolingüismo, el analfabetismo y la discriminación laboral son sólo algunos de los elementos que denotan la terrible marginación de las mujeres indígenas mexicanas. Aunque ésta es experimentada en la vida cotidiana, su presencia se vuelve aún más atroz cuando el que ejerce la violencia es quien tiene el deber de erradicarla. Por ello, vale la pena recordar tres casos emblemáticos en que el Estado mexicano ha usado su fuerza para violar impunemente los derechos de mujeres indígenas.

  • Jacinta Francisco, secuestradora de policías federales. En agosto de 2006, la policía arrestó a Jacinta Francisco, indígena otomí, acusándola de haber mantenidos secuestrados a 6 policías federales. Jacinta mide 1.50 metros y al momento de su detención pesaba unos ochenta kilos. Se ganaba la vida vendiendo nieves y aguas frescas en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, en donde supuestamente secuestró a los miembros de la policía federal mientras éstos decomisaban mercancía pirata. Según el juez que la condenó a 21 años de cárcel, esta mujer indígena de 1.50 metros y 45 años de edad se bastó a sí misma para secuestrar a seis agentes federales. Si no fuera porque doña Jacinta, madre de seis hijos –tantos como policías “secuestró”– fue efectivamente recluida en un reclusorio femenil, el caso resultaría francamente risible.
  • Ernestina Ascensio Rosario, la golpiza como síntoma de gastritis. El 25 de febrero de 2007 fue encontrada con graves heridas y evidentes señales de haber recibido una fuerte golpiza. Habitante de la sierra de Zongolica, Veracruz, doña Ernestina tenía 73 años al momento de su muerte, ocurrida un día después de que pobladores de la zona la encontraron en las inmediaciones del destacamento militar de Tetlatzinga. Los médicos que la examinaron al ser hospitalizada y aquéllos que realizaron su necropsia llegaron a una misma conclusión: la anciana había sido violada y golpeada. Sin embargo, los gobiernos estatal y federal, encabezados entonces por Fidel Herrera y Felipe Calderón, respectivamente, desataron una feroz persecución contra dichos médicos y cambiaron el dictamen: para la justicia mexicana, Ernestina Ascensio murió de una gastritis. El ombudsman mexicano, José Luis Soberanes, sumó su complicidad a la cadena de agravios contra Ernestina Ascensio, mujer, indígena, pobre y anciana.
  • Virginia, asesinato en grado de aborto espontáneo. Virginia es una indígena náhuatl del municipio de Huamuxtitlan, Guerrero, que en abril de 2006 perdió a su hijo en un accidente doméstico al resbalar por las escaleras. Fue trasladada a un hospital en Puebla donde, en vez de proporcionarle la ayuda médica y psicológica que cualquier persona requeriría en una situación tan delicada, los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público por haberse inducido un aborto. Aun de ser ciertas las acusaciones de las autoridades –y no hay pruebas de ello–, en el estado de Guerrero el aborto no se encontraba penalizado en el momento del arresto. Esto no obstó para que Virginia pasara tres años en prisión sin que se le dictara sentencia, hasta que el Ministerio decidió condenarle por “homicidio en razón de parentesco”.
http://www.flickr.com/photos/julien_harneis/

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