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Michoacán: El peligro de ser alcalde en tiempos de Calderón
Por:  / 28 noviembre, 2012
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Ser alcalde en México no es fácil, menos en Michoacán, sobre todo en el último sexenio en el que la guerra contra el narco cobró factura por igual a sicarios, operadores de los carteles de las drogas, ciudadanos y autoridades, entre éstas, presidentes municipales y directores de Seguridad Pública; murieron 32 alcaldes en total, de los cuales 6 han sido asesinados en esta provincia, le siguen Chihuahua y Durango con 5 cada uno.

El panorama que se dibuja dentro de Michoacán en varios territorios es de sangre y muerte, una ruta crítica al margen de sus 113 municipios que se caracteriza por el “autogobierno” de los grupos criminales y el sometimiento de las autoridades municipales que poco pueden hacer ante este embate.

Dos sucesos fueron los más representativos: el asesinato de Gustavo Sánchez en 2010 y la ejecución de la ex alcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, el 12 de noviembre de este año. El primero, presidente municipal de Tancítaro, fue encontrado muerto en la parte de atrás de su camioneta en Uruapan, junto con un colaborador cercano; ambos asesinados con golpes de rocas de más de 25 kilogramos.

Con huellas visibles de crueldad y tortura, el cuerpo de Gustavo Sánchez y su colaborador, denunciaban el sello del crimen organizado. El 4 de diciembre del 2009 renunciaron todas las autoridades municipales de Tancítaro ante la falta de condiciones para desarrollar su trabajo.

Durante más de una semana el municipio vivió sin nadie a cargo. Se habló de tomar una decisión que no ha ocurrido en México en su época moderna: declarar la desaparición de poderes, pues ningún otro funcionario aceptaba asumir el cargo.

Luego de 10 días de incertidumbre, el Congreso del Estado nombró el 11 de diciembre del 2009 un Consejo Municipal encabezado por Gustavo Sánchez, durante la administración del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy; ahí se dijo que el gobierno del estado lo apoyaría para recuperar el municipio y garantizar su seguridad; 10 meses después, Gustavo Sánchez fue asesinado.

Después, a casi un año de haber concluído su mandato, fue encontrado el cuerpo sin vida de María Santos Gorrostieta Salazar, ex alcaldesa de Tiquicheo. Tres días después de su desaparición, los restos de la ex presidenta municipal aparecieron en una brecha conocida como “El Chupadero” del municipio de Cuitzeo, el 15 de noviembre pasado.

Según la necropsia, antes de su muerte, Gorrostieta Salazar fue vilmente torturada; su cuerpo presentaba huellas de maltrato y numerosos golpes. Aunque, según los informes médicos, falleció a causa de un “golpe severo” en la cabeza.

La ex alcaldesa de Tiquicheo, sobrevivió a dos atentados previos en 2009 y 2010, en el primero perdió la vida su esposo. Pero en ambos ataques sufrió de graves secuelas en el cuerpo como heridas de bala y esquirlas que derivaron en numerosas cirugías.

De esta última agresión, en la que perdió la vida, las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), señalan la probable responsabilidad del crimen organizado.

María Santos Gorrostieta concluyó su periodo como edil del municipio en 2011 y según informes del Gobierno del Estado los guardias que le custodiaban también se reincorporaron a sus actividades, luego de que dejara el fuero. Situación que la dejó en la total desprotección luego de su encargo.

Así, con poca o nula seguridad personal y con elementos municipales, que son reiteradas veces señalados por sus nexos con el crimen organizado, los presidentes municipales son un blanco fácil de ataques y ejecuciones, que se agravaron en los estos últimos seis años.

En este periodo, Michoacán ha tenido seis ediles ejecutados por los carteles de la droga y otros tantos, que viven bajo la zozobra y la amenaza, como fue el caso de los tres años de mandato de Guadalupe Arias Alvarado, presidenta municipal de Vista Hermosa.

Arias Alvarado tomó protesta en medio de un fuerte operativo de seguridad que restringió el acceso al Palacio Legislativo. Prometió continuidad en los proyectos que dejó su esposo, Octavio Manuel Carril, el edil que fue asesinado a balazos en febrero del 2009 afuera de su casa y que heredó el cargo a su pareja.

Durante los meses siguientes la nueva alcaldesa nunca se vio desprotegida, el Palacio Municipal de Vista Hermosa, aunque desierto, siempre estaba rodeado de elementos de seguridad y cercos policiacos en protección de los funcionarios del Ayuntamiento.

Estos sucesos colocan a Michoacán como una de las regiones más peligrosas del país para ser alcalde por el dominio de la organización delictiva denominada Los Caballeros Templarios y su disputa por el territorio con miembros de La Familia Michoacana y el cartel de Los Zetas.

Además, otro de los casos más representativos se suscitó en junio de 2008, cuando un comando hizo descender de su vehículo a Marcelo Ibarra Villa, presidente municipal de Villa Madero, para después recibirlo a tiros.

El cuarto alcalde asesinado de Michoacán fue el de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero en 2011, días antes de que se celebraran los comicios locales en la entidad. Sucedió mientras realizaba, en su día de descanso, proselitismo para la entonces candidata al Gobierno del Estado, Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente de la República.

La ejecución de los ediles en Michoacán, según refieren fuentes al interior de la Procuraduría, suele estar ligado al incumplimiento de acuerdos a los que llegan grupos criminales con los candidatos, para apoyar con recursos económicos sus campañas, mientras exista el compromiso de “cerrar los ojos” ante los delitos que éstos realizan en las comunidades.

Los atentados no siempre culminan con alguna muerte, como fue el caso del presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay García, quien resultó herido el 31 de octubre de este mismo año, cuando un grupo de hombres armados lo agredió. De los 113 alcaldes en la entidad sólo dos han solicitado protección especial: los munícipes de Tanhuato, Gustavo Salazar García, y de Vista Hermosa, Francisco Omar Corza Gallegos, ambos de extracción panista.

Omar Corza Gallegos solicitó seguridad luego de que en julio de este año, un grupo armado integrado por más de 100 personas atacó la presidencia municipal de Vista Hermosa y asesinó a tiros al director de Seguridad Pública del municipio, así como a tres policías del estado de Jalisco y un civil.

Mientras, el Gobierno del Estado se escuda en la falta de elementos policiacos para brindar seguridad a los presidentes municipales de sus 113 municipios.

Denuncia PAN falta de estrategia

Ante este contexto, Miguel Ángel Chávez Zabala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el nuevo Gobierno del Estado carece de estrategias de seguridad, incluso de un diagnóstico que identifique cuáles son las regiones de mayor riesgo en las que los alcaldes se encuentran más vulnerables.

“No se puede tolerar, que por temas administrativo, se ponga en riesgo la integridad de algunos presidentes municipales que eminentemente tenían amenaza de agresión”, aseguró Chávez Zabala.

Señaló que el Gobierno del Estado debe analizar el tema de manera cuidadosa y efectuar un diagnóstico que geográficamente señale las zonas en las que los alcaldes corren mayor riesgo de ser víctimas a manos del crimen organizado, así como implementar políticas de prevención que eviten más ataques y asesinatos a ediles, aun sin ser solicitadas por los presidentes.

Indicó que a través de la dirigencia Nacional del PAN habrá posibilidad de gestionar ante las instancias de Seguridad Pública de la Federación que puedan presentarles ante los 28 alcaldes panistas, los protocolos de seguridad que tiene diseñados el Gobierno Federal para ponerlos a consideración de los munícipes.

Chávez Zabala puntualizó que las autoridades estatales en el tema no deben lavarse las manos y aseverar que es un tema de competencia federal. “Se deben de presentar alternativas y qué tipo estrategias se pueden blindar a los municipios con mayor riesgo. Es eso lo que se espera del Gobierno del Estado, para generar una política preventiva”, propuso.

En el plano nacional, las muertes de los ediles se han concentrado en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, entidades que presentan un alto nivel de inseguridad en donde la violencia y la presencia de grupos del narcotráfico se han intensificado.

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