El arraigo, la figura constitucional violatoria de Derechos Humanos

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Por: Zazil Carreras

Twitter: @ZazCarreras3_0

La reforma del sistema de justicia penal y seguridad pública inició formalmente con la publicación del Decreto del 18 de junio de 2008 en el que se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.

Esta reforma presentó grandes avances jurídicos como el sistema acusatorio de justicia penal, que permitirá la impartición de justicia de manera pronta e imparcial, con equidad procesal y en el que la presunción de inocencia sea efectiva para los acusados.

Sin embargo, a pesar de eso, aún existe preocupación en torno a la inclusión de un concepto vago de delincuencia organizada, así como la inclusión de figuras que abren la puerta a la comisión de abusos por parte de las autoridades, particularmente en temas de tortura y detención arbitraria.

El arraigo es una forma de detención arbitraria que permite al ministerio público vigilar de manera permanente a personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada.

El objetivo del arraigo no es determinar su una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio.

Esta figura, en sí misma, viola principios jurídicos elementales para la construcción de cualquier país con un Estado de Derecho. Conforme a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), se viola lo establecido en el artículo 9 sobre el principio de legalidad, los derechos de libertad personal y de tránsito (art. 7); el derecho a la presunción de inocencia (art. 8 CADH); los derechos al debido proceso (art. 8)y a la integridad física y mental de las personas (art. 5), entre otros.

Desde 2008, el arraigo, el cateo y la prisión preventiva automática se han vuelto las “técnicas” de investigación criminal más recurridas en México, flexibilizando de manera implícita las garantías de las personas, llevando a las personas a un limbo jurídico en que no son ni indiciadas ni inculpadas, y que abre la puerta a la detención arbitraria y la tortura por parte de la autoridad.

Además,  la reforma constitucional de 2008 contemplaba la utilización del arraigo para combatir exclusivamente los delitos relacionados con la delincuencia organizada, sin embargo, a través del décimo primer artículo transitorio del decreto por el que se publicó la reforma, se aplica a todos los delitos que se consideren como graves en la ley penal hasta el año 2016.

A la fecha, se desconocen las dimensiones reales de la utilización de esta medida. La PGR ha reconocido que -entre el 18 de junio de 2008 y el 9 de abril de 2010- solicitó 647 órdenes de arraigo al Poder Judicial en todo el país.

El Consejo de la Judicatura Federal  (CJF), admite la emisión de 1,051 órdenes de arraigo por parte de los juzgados federales entre el 18 de junio de 2008 y el 14 de mayo de 2010, lo cual sólo podría coincidir con lo informado por la PGR si entre el 9 de abril y el 14 de mayo de 2010, un plazo de alrededor de un mes, se hubieran librado 808 arraigos, lo cual nos da una muestra sobre la cantidad de detenciones para investigación que se han hecho en el país.

Es por estos motivos que defensores de derechos humanos representantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como algunos legisladores, han urgido al congreso sobre la necesidad de derogar esta figura ya que, lejos de brindar justicia, genera la comisión de más delitos en contra de personas de quienes no se tiene la certeza de culpabilidad.

Sin embargo, la propuesta que será discutida y votada por los diputados federales no es la de derogación de esta figura, sino la de disminuir la temporalidad de su aplicación de 40 a 20 días, con la posibilidad de ampliarlos hasta por 20 días más.

La bancada del Partido de la Revolución Democrática acordó, en su reunión plenaria del mes de enero, que irían en bloque por la derogación de esta figura, sin embargo, el dictamen que será puesto a consideración de los legisladores contó con la participación de un diputado perredista en su elaboración, contraviniendo los acuerdos realizados por su bandaca.

Será en las próximas horas que se defina si la Cámara de Diputados aceptará las recomendaciones internacionales y de ONGs  en torno a la derogación del arraigo como una figura violatoria de derechos humanos, o si continuará en la vía de regulación de las violaciones para aprobar la iniciativa presentada por el PRI, dentro de las iniciativas que serán aprobadas en bloque mayoritario por el Pacto por México.

 

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Mexicana de sangre roja y corazón a la izquierda. Abogada especialista en materia electoral y en administración pública.
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